El Líder del Senado, De León, declara que las Protecciones de California Contra la Agresión Sexual en los Recintos Universitarios no Serán Descarriladas por la Administración Trump

De León Denuncia a la Secretaria de Educación de los Estados Unidos por la Revocación de las Protecciones de la Era Obama

Tuesday, October 10, 2017

 

SACRAMENTO-  En una carta dada a conocer hoy día a la Secretaria de Educación de los Estados Unidos Betsy DeVos, el Presidente del Senado, Kevin de León, prometió solemnemente que California resistirá a las políticas públicas federales que “desnivelan las balanzas de la justicia’’, en contra de las víctimas de la violencia sexual en los colegios de educación superior.

El Senador De León (D-Los Ángeles), también condenó la decisión de DeVos de rescindir las antiguas protecciones de la era Obama, una acción que hará más difícil castigar a los depredadores sexuales mientras que obliga  a sus víctimas "a regresar al silencio".

El mes pasado, DeVos anunció que estaba rescindiendo las pautas esbozadas en una carta remitida a "Queridos Colegas", una carta del Presidente Obama a los presidentes de las universidades en abril de 2011, sobre la violencia sexual en los campus. Las pautas, diseñadas para obligar a los colegios y universidades a tomar seriamente la violencia sexual, y usar  el estándar de la "preponderancia de pruebas" para determinar si un estudiante cometió una agresión sexual.

DeVos ha dicho a los recintos de educación superior que son libres de abandonar el estándar de preponderancia y emplear un mayor estándar de prueba conocido como "evidencia clara y convincente".

"El retiro de esta guía clave socava los avances que se han logrado en la lucha contra la mala conducta y la agresión sexual en los campus universitarios de todo el país", escribió el Senador De León, "y hará más difícil castigar a los depredadores sexuales..."

California ha estado en la vanguardia de la lucha contra la violencia sexual en los campus universitarios. En 2014, el Gobernador Jerry Brown firmó el SB 967 (De León, Jackson), convirtiendo a California en el primer estado de la nación en implementar un estándar de consentimiento afirmativo universal para evaluar las quejas de agresión sexual en los campus universitarios.

Bajo el SB 967, las universidades deben adoptar una política pública con disposiciones específicas para lidiar con la agresión sexual y otras formas de violencia sexual, incluyendo una disposición de consentimiento afirmativo para determinar si ambas partes acordaron actividades sexuales. Las universidades que no lo hacen se enfrentan a la pérdida de fondos estatales para la asistencia financiera de los estudiantes.

En su carta, el Senador De León escribió que la decisión de DeVos de rescindir la guía “Dear Colleague”, se basó en un "malentendido falso e intolerable" de las protecciones otorgadas a todos los estudiantes involucrados en un procedimiento de agresión sexual.

Bajo el pretexto de hacer que las políticas públicas de asalto sexual sean "justas para todos", las recientes acciones del Departamento de Educación afectan el núcleo de lo que ha hecho a California tan exitoso en la batalla contra asaltos sexuales en sus colegios y universidades- la utilización de la preponderancia de estándares de evidencia,” Escribió el Senador De León”.

El papel del Título IX es prevenir y responder a la discriminación sexual en la educación, no recrear una respuesta de justicia penal ", escribió el Senador De León. "Nuestros colegios y universidades no deben ser obligados a replicar un procedimiento penal para hacer cumplir las reglas administrativas y disciplinarias".

"California reconoce el serio problema que existe en todo el país a raíz  la violencia sexual y ha tomado medidas preventivas enseñando a los estudiantes de las escuelas públicas de pre-secundarias y preparatorias acerca de lo que es una relación saludable entre jóvenes.

"California continuará implementando y desarrollando políticas públicas que respeten los derechos de todas las partes involucradas", escribió el Senador De León. "No vamos a aceptar las políticas públicas del gobierno federal que intencionalmente  inclinan  la balanza de la justicia contra los derechos de las víctimas.

 

 

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